El pasado 15 de diciembre de 2021 se publicó la Ley 16/2021, que modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (en adelante, la “Ley”). La reforma busca garantizar una mayor protección a los agentes que intervienen en la cadena alimentaria, especialmente al productor primario[1]. Para ello, se introducen medidas destinadas a mitigar las dificultades en las que se sitúa una buena parte del sector primario. Dado que el plazo de adaptación de los contratos finalizó el 1 de mayo, creemos conveniente recordarles las cuestiones principales que se plantean con esta modificación legislativa.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

La Ley se aplica al conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios. Como novedad, la reforma incluye las empresas de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros, así como las empresas de servicios de alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50 millones de euros.

Para saber más descarga la Circular.

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