Publicado en El Confidencial

Nuestra socia de Penal Económico María Jesús Hernández  opina en un artículo para El Confidencial como experta en delitos económicos sobre los peligros de los pagos digitales, las criptomonedas y como está la regulación sobre esta materia en nuestro país.

Mayor vigilancia de los capitales y la economía sumergida

“Todo esto de los pagos digitales nos lo venden muchas veces como inclusión financiera, que en parte lo tiene, pero lo que persigue principalmente es un control de los capitales y de la economía sumergida”, reflexiona Chus Hernández-Elvira, abogada del despacho RSM, jueza en excedencia y profesora del Instituto de Empresa. Esta especialista señala la paradoja de que se fomenten estos sistemas para lograr mayor vigilancia sobre ciertos elementos, pero que provocan elementos y efectos inesperados que “escapan a ese control que se pretendía conseguir”.

La inclusión financiera está ocurriendo y eso se traduce en que más gente y más gente entran a utilizar estos sistemas y por tanto hay más masa crítica de ser susceptible de ser víctima de estas prácticas”, apunta la abogada de RSM. Hernández-Elvira cree que son muchos los elementos que hacen que sea difícil combatir y perseguir a posteriori estos fraudes. Desde el lugar donde se cometen hasta las criptodivisas con las que intentan ocultar lo estafado.

“La gran mayoría de veces el lugar de la víctima no es el mismo del lugar del que comete el fraude”, señala. Un ciberataque puede tener éxito en Madrid pero haber sido ejecutado desde Singapur, la India o Kenia. Comisiones rogatorias sin respuesta, sociedades fantasma, proveedores de servicios de terceros países… “Luego hay cientos de criptomonedas distintas, con funcionamientos distintos… El conocimiento y el rastreo conlleva mucho tiempo”.

Falta de recursos en el sistema judicial

Las barreras para tirar del hilo son muchas y los recursos son limitados. “Creo que normativamente, aunque no se recoge un tipo penal específico para toda este tipo de estafa, sí que hay una base. Lo que no hay es recursos y capacidad humana para hacer todo el trabajo que hay que hacer de investigación en este tipo de delitos informáticos”, resuelve este jurista. Un rosario de complicaciones que hace que el foco para combatir este fraude se haya desplazado a otro punto anterior de la cadena: el de la precaución de los usuarios y las medidas de seguridad de las aplicaciones de bancos y de pago digital.

Lee el artículo completo en  El Confidencial.