Publicado en Emprendedores

Borja Ortas, socio de laboral de RSM, opina como experto  en un artículo para Emprendores,  sobre la ley de emprendedores, cuando se cumplen 11 años de su aprobación y si realmente esta ley ha servido para algo.

El 26 de julio, se cumplieron once años desde que se aprobara la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, popularmente conocida como la ‘Ley de Emprendedores’.

Por aquel entonces aún reinaba Juan Carlos I y presidía el Gobierno Mariano Rajoy. No habíamos dejado atrás la crisis que el país arrastraba desde 2008 por lo que se trataba de establecer una serie de iniciativas de apoyo y fomento al emprendimiento y al autoempleo que estimulasen también la contratación y la financiación empresarial.

No obstante, algunos consideran que la Ley 11/2013 sentó las bases para otras que han venido después, como la Ley Crea y Crece o la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como la Ley de Startups.  

“Dotar a la norma de mayores medidas"

Francisco de Borja Ortas Luceño, socio de laboral de RSM considera que la aprobación de la Ley de 2013 “tuvo un enfoque integral para apoyar a los emprendedores, especialmente en las primeras etapas de su actividad, con un objeto claro que era fomentar el autoempleo y dotar de facilidades a aquellos que se lanzaban a buscar fórmulas alternativas al empleo por cuenta ajena, todo ello en un escenario económico incierto y donde los índices de desempleo se alzaban en tasas desconocidas en las últimas décadas”.

Como prueba de los efectos que tuvo dicha iniciativa, se remite a la tasa de actividad emprendedora (TEA) de los últimos años donde el número de empresas activas se incrementó casi un 7% desde el año 2014 al 2018.

Entre las medidas principales que introdujo la ley subraya las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la seguridad social; la simplificación administrativa; medidas en materia de prevención de riesgos laborales así como la implementación del libro de visitas electrónico gestionado por la Inspección de Trabajo. “De igual modo -continúa- la reducción de contingencias y riesgos como la ampliación del plazo para la ejecución de embargos sobre la vivienda habitual de los autónomos, ofrecía una protección adicional, permitiendo una ‘segunda oportunidad’ en casos de dificultades financieras”.

Señalados los beneficios que trajo esta ley, considera, no obstante, que “quizá en un escenario actual marcado por una situación económica, afecta a una inflación por encima del 3%, se hace necesario dotar a la norma de mayores medidas de apoyo al empresario, donde los nuevos autónomos o empresas de nueva creación tengan una menor carga en seguros sociales que agilice, favorezca e incentive la contratación de personal y alivie el peso de trabas administrativas”.

Concluye diciendo que “no deberíamos tener miedo a una revisión de la norma que introduzca nuevos incentivos o incluso que elimine alguna de las restricciones que la propia norma contempla en el acceso a los incentivos en materia de seguridad social”.

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