El 25 de octubre de 2022 se ha publicado la Directiva Europea 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados, dirigida a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de la Unión Europea (“UE”), así como, a establecer unos criterios que permitan minimizar las desigualdades salariales en los distintos países de la UE.

Como es sabido, estas diferencias salariales tienen su base, además de en los distintos modelos de mercado existentes en la UE, en las diferencias existentes en la normativa laboral y en la cobertura que se ofrece a la negociación colectiva en el ámbito de la fijación de salarios mínimos.

Por ello, la Directiva ha establecido un marco normativo con el objetivo de:

• Adecuar los salarios mínimos legales para contribuir a lograr unas condiciones de trabajo y de vida dignas.
• Fomentar la negociación colectiva en materia salarial.
• Mejorar el acceso del trabajador a la protección de estos salarios mínimos legales.

A continuación, te exponemos un resumen de los apartados de mayor interés:

Fomento de la negociación colectiva en la fijación de los salarios mínimos legales

La Directiva requiere a los Estados miembros que amplíen la capacidad de los interlocutores sociales en la fijación de los salarios, así como insta al fomento de negociaciones salariales constructivas y en igualdad de condiciones. Para ello regula que los Estados miembros con una tasa de cobertura de la negociación colectiva inferior al 80% tendrán que establecer un Plan de Acción en el que se fije un calendario y medidas concretas para aumentar progresivamente la tasa de cobertura de la negociación colectiva en esta materia.

Desarrollo de procedimientos para la fijación de salarios mínimos legales adecuados

Se regula la obligación estatal de establecer los procedimientos necesarios para la fijación y actualización de los salarios mínimos mediante la fijación de unos criterios dirigidos a promover la cohesión social y a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Entre estos criterios se incluirán: el poder adquisitivo, nivel general de salarios y su distribución, tasa de crecimiento del nivel de vida, niveles de productividad nacional a largo plazo etc.

La actualización de los salarios mínimos deberá llevarse a cabo cada 2 o 4 años en el caso de los países que utilizan un mecanismo de indexación automática.

Acceso efectivo de los trabajadores al salario mínimo legal

Para mejorar la protección al acceso a estos salarios mínimos los Estados deberán prever controles e inspecciones de trabajo que garanticen la aplicación de estos salarios mínimos, así como, formar y orientar a las autoridades para que persigan a los empleadores que lo incumplan.

Asimismo, la Directiva establece que las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, lo que hace entender, que las sanciones por este incumplimiento podrán ascender a cuantías considerables para las Empresas.

Seguimiento y recogida de datos

Los Estados miembros tendrán que adoptar mecanismos para la recopilación de los datos necesarios para la supervisión del cumplimiento del salario mínimo, que deberán comunicar cada dos años a la Comisión de la UE. Entre esos datos deben estar, entre otros, la evolución de la cobertura de la negociación social en la fijación de los salarios mínimos y el nivel de salario mínimo y proporción de trabajadores cubiertos por este.

Conclusiones

Como puede extraerse de la regulación detallada, la Directiva va dirigida a combatir la pobreza y a potenciar la cohesión social y económica en la UE. Para ello, los puntos clave regulados son el fomento de la intervención social en la negociación de los salarios mínimos, un mayor control por las autoridades y la imposición de sanciones a los empresarios incumplidores.

Asimismo, puede apreciarse el deseo de la UE de acabar con las desigualdades y la discriminación en materia salarial, como se muestra en la aportación de datos sobre el cumplimiento del salario mínimo segregados por edad, género, discapacidad, sector y tamaño empresa.

No obstante lo anterior, la UE respeta las prácticas nacionales de fijación de salarios y cualquier normativa estatal que sea favorecedora a estos propósitos, siendo competencia de cada país la fijación de su salario mínimo legal.

Aun no podemos conocer si serán efectivas las medidas que regula esta Directiva Europea, pero lo que va a generar, por el momento, es una mayor intervención social y un mayor control por las autoridades del cumplimiento de la fijación de unos salarios mínimos adecuados y no discriminatorios.

Los Estados miembros cuentan con un plazo de dos años para trasponer esta normativa a su ordenamiento jurídico interno. A partir de ahí, podremos ver que efecto tiene en las condiciones de las empresas europeas, y de sus trabajadores.